El Gobierno ha estigmatizado a los trabajadores del Estado

Arcuri es uruguaya, pero transitó buena parte de su infancia y adolescencia en otras tierras. Creció con sonidos, colores y sabores de la riqueza cultural de Latinoamérica. Los primeros años se bifurcaron entre la espesura visual y ciertas esquinas de Montevideo, Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile. Hija de Juan Carlos, su papá que nació en Argentina y toda su vida se dedicó a vender libros, y de Gladys, su mamá ya fallecida, que fue quien se ocupó de las tareas no remuneradas de la casa y de cuidar a seis hijos. Familia amorosa, de risotadas generosas, pasta de los domingos y anécdotas de esas que se construyen y mejoran de acuerdo a la ocasión, Carolina y sus hermanos crecieron fascinados disfrutando la teatralidad de su papá y las canciones que improvisaba su mamá. Arcuri de niña descuartizaba muñecas porque soñaba ser cirujana. En Bolivia vio la discriminación de las regiones y orígenes, se enamoró de los animales y se trajo algunas marcas y cicatrices por aquello de vivir la vida con intensidad y sin demasiados reparos. Fue adolescente rebelde, gran aficionada al pool, de las que escuchaban rock con los decibeles en rojo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la FIC pero tuvo que dejar la facultad cuando nació su primer hijo, Santiago. Después llegó a su vida Guadalupe y, ya siendo funcionaria del Estado, cursó la Tecnicatura en Gestión Pública en la Escuela Nacional de Administración Pública. Arcuri es murguista sin pintarse la cara, es Contrafarsa sin Sayago, pero con su compañero de vida, Marcelo «Lolo» Iribarne, recorriendo barrios por aquello que todo es comienzo y nada es final. Carolina es pincelada de luna llena y pesca a la encandilada, es barrio, pintura, camión y una vida llena de encuentros y despedidas. Hoy estudia y repasa normativas, leyes y decretos, porque en pocos días tendrá la responsabilidad –junto a una delegación de COFE– de ser voz de miles de sus compañeras y compañeros estatales cuando se juegue una instancia clave en la OIT.

¿Qué rol ocupa la salud laboral en la agenda de los sindicatos? ¿Está incorporada como una de las prioridades o por distintas razones ha quedado relegada a un segundo o tercer plano?

Cuando hablamos de salud laboral, no nos referimos solamente a las condiciones físicas, ambientales, tecnológicas en las que desarrollamos nuestro trabajo o si contamos con equipos de protección personal. Desde nuestra perspectiva, salud laboral es el salario justo, es la adecuada organización del trabajo, es pensar en las formas en que nos relacionamos con las otras personas trabajadoras durante la actividad laboral. El derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, como lo definió la OIT, es un concepto sumamente amplio que incorpora un montón de aspectos no visibles de los que debemos generar conciencia y cultura preventiva. En la agenda sindical creo que hay un antes y un después luego de la pandemia, ya que se puso en evidencia la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo y que la colaboración entre los actores sociales podía reducir el impacto de los contagios. También desnudó la fragilidad enorme frente a medidas de prevención en la que se encontraban las personas con trabajos precarios y quienes realizaban teletrabajo. La pandemia en este aspecto nos dejó el desafío de trabajar en la prevención y adelantarnos a los impactos negativos a la salud que tienen los diferentes riesgos a los que estamos expuestos mientras trabajamos. En este sentido, creemos que hay una nueva pandemia incipiente que está relacionada a los riesgos psicosociales que afectan tanto física y mental como emocionalmente a las personas trabajadoras.

¿Existen casos de personas que puedan descuidar o relegar el cuidado de su salud por temor a perderlo todo?

Si claro. La precariedad laboral es uno de los factores que más inciden en la pésima calidad de trabajo y por consiguiente en una mayor exposición a los riesgos de contraer afectaciones a la salud de estas personas. Muchas veces por el miedo a perder el trabajo aceptan condiciones que son verdaderamente inaceptables.

¿Hay denuncias concretas de situaciones de casos extremos de vulneración de los derechos de las y los trabajadores?

Si claro. Por ejemplo, en el sector rural muchas veces, por el arraigo de costumbres centenarias, se minimizan riesgos que avasallan los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Las consecuencias sobre la salud de las y los trabajadores y pobladores cercanos a las zonas de fumigación con agrotóxicos pueden ser irreparables.

¿Qué es lo que van a plantear en la Conferencia de la OIT?

Vamos a realizar varias acciones. La actividad central será presentar formal y públicamente una reclamación sobre el nuevo régimen de certificaciones médicas que decidió aplicar el Gobierno, basándonos en el artículo 24 de la Constitución de OIT que habilita estas reclamaciones cuando un Estado miembro incumple los convenios internacionales del trabajo. En este caso, el Gobierno está incumpliendo con diferentes convenios fundamentales de OIT que protegen varios derechos: la negociación colectiva, la remuneración, la salud y seguridad de las y los trabajadores.

¿Qué lectura hacen sobre la decisión del Gobierno de modificar el régimen de certificaciones médicas?

Claramente el Gobierno pretende hacer caja con el descuento en nuestro salario. Al contrario de lo que argumenta, de ninguna manera esta medida tiende a solucionar un supuesto problema por certificaciones abusivas. El Gobierno tiene todas las herramientas para realizar los controles necesarios y desactivar las situaciones que pudieran constituir un abuso en el uso del sistema actual. Debe ponerse coto a las irregularidades en torno a las licencias médicas que se obtienen falseando la realidad, pero sin menguar los derechos de quienes sí, efectivamente, enferman, a quienes se les deben preservar los derechos adquiridos al amparo de la normatividad. Todo lo que pueda incluir un régimen de certificaciones médicas en cuanto a la acreditación del estado de salud del trabajador debe cuidar de aplicar severamente el sistema de responsabilidades a quien falsea la realidad y proteger a quien hace uso en forma honesta de dicho sistema y efectivamente se enferma.

¿Este Gobierno les ha estigmatizado?

¡Desde antes de asumir! Quienes gobiernan actualmente sostienen en su relato que el Estado es gordo, que tiene un peso muy grande para las cuentas públicas y que la forma de ordenar esto es bajando la cantidad de funcionariado. Pero ¿qué hicieron? Todos en nuestros organismos tuvimos varios ejemplos de designaciones que surgieron del clientelismo político, engrosando el gasto público para pagar esos salarios y sus compensaciones. En algunos casos nunca supimos dónde trabaja el designado. En el MGAP trabajaron dos años en elaborar una reestructura que –entre otros males– en primer lugar retiró el rol de contralor del MGAP y eliminó nuestros cargos de ascenso para crear cargos de particular confianza. Nuestro sindicato presentó un recurso contra el decreto de reestructura que en los próximos días pasará a la instancia en el TCA. Por tanto, esa estigmatización por parte del Gobierno sí existió y persiste en el discurso oficial.

En Argentina los sindicatos han denunciado una embestida feroz del presidente Milei, no contra la casta, sino contra los sindicatos, los salarios, la clase media, la universidad, y un explícito plan de privatización de las empresas públicas. ¿Cree que algo así podría aplicarse acá en Uruguay si se profundiza el modelo neoliberal de la derecha?

Creo que existen actores que proponen medidas parecidas en nuestro país. Pero también creo y confío en que el pueblo uruguayo no respaldará tales medidas. No olvidemos que antes de decretarse la emergencia sanitaria por covid, el Gobierno promulgó el Decreto 90 del 11 de marzo del 2020. De esta manera, se redujeron los gastos de inversiones, de funcionamiento, y se limitó casi a cero el ingreso de personal al Estado, con algunas excepciones como en el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Esto significó un vaciamiento de varias oficinas y servicios que son importantes para el cumplimiento de muchos cometidos del Estado. Parece poco inteligente el anuncio de algún candidato de prometer la reducción de miles de puestos de trabajo en el Estado, cuando quedó demostrado por los hechos que el actual Gobierno debió realizar varias excepciones al Decreto 90/2020 luego de ver cómo servicios enteros quedaron desprovistos de personal y se resintieron: por ejemplo las inspecciones y los controles en los pasos de frontera. Las consecuencias hoy las vemos todos los días con el narcotráfico, el contrabando, por ejemplo. Pero también falta personal de salud en el interior del país, faltan especialistas, falta personal para sostener adecuadamente el Sistema Nacional de Cuidados, así como falta personal para el cuerpo inspectivo del MTSS.

¿Cuáles deberían ser las acciones urgentes de reconstrucción del país para los próximos años?

Es preocupante el crecimiento de la pobreza, la cantidad de personas en situación de calle y el abandono por parte del Estado. Y es más grave aún que esto esté sucediendo mayormente en infancias. La VBG y la permanente noticia de feminicidios que producen horror y sufrimiento. La inseguridad con la que convivimos las y los ciudadanos en todo el país. El deterioro de nuestro sistema educativo, el trabajo precario. Creo que son las preocupaciones que tenemos la mayoría de las y los ciudadanos. El nuevo Gobierno deberá fortalecer el Estado de modo tal que pueda asegurar los cambios en todos estos temas con políticas públicas dotadas de recursos para que realmente sean efectivas. Creo que debemos reconstruir una administración pública que sirva objetiva y transparentemente a la ciudadanía, que en todos los casos se oriente exclusivamente al interés general, lo que en un Estado de derecho democrático republicano reside –sin lugar a dudas– en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida y los derechos de las personas.

Fuente:https://www.carasycaretas.com.uy/